Por: Danna Carolina Aguilar Gómez, asistente de investigación – CRPC

A un año del anuncio de los alivios humanitarios en el Bajo Calima y Medio San Juan por parte la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, la comunidad Wounaan del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán pudo retornar, por fin, a su territorio en Bajo Calima, gracias a un arduo proceso de resistencia, juntanza e incidencia política.

Como resultado del primer ciclo de conversaciones de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Linración Naciobal – ELN-, el 12 de diciembre de 2022,  se anunció el acuerdo parcial de atención de emergencias. El objetivo de este primer acuerdo fue realizar un “prototipo” de alivios humanitarios en el Bajo Calima, Valle del Cauca, y en el Medio San Juan, Chocó—que posteriormente se pudiera replicar en otras zonas críticas—para mitigar las afectaciones que, desde el año 2017, vienen sufriendo las comunidades negras e indígenas de esta subregión, producto de la agudización de las confrontaciones armadas entre el ELN y las Autodefendas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

Ocho días después del pronunciamiento de la Mesa, en reunión del ex Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda con las comunidades del Bajo Calima y San Juan refugiadas en los albergues humanitarios de Buenaventura, el comisionado precisó que los alivios humanitarios se enfocarían en “la garantía de los procesos de retorno de las comunidades desplazadas” y que arrancarían con el retorno de la comunidad Wounaan Nonam de Santa Rosa de Guayacán (Danilo Rueda, 20 de diciembre de 2022, CRPC). Hoy, al cumplirse un año de dicho anuncio, el retorno de esta comunidad es una realidad.

        Fotografía propiedad del Resguardo indígena Santa Rosa de Guayacán.

Contexto

“Nuestras familias y comunidad están felices de todo este avance, a pesar de las dificultades que hemos vivido en estos dos años de desplazamiento forzado por negligencia e irresponsabilidad institucional como la Alcaldía de Buenaventura, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV – y otras instituciones que nos abandonaron durante mucho tiempo, esto lo vamos superando, pero esperamos que la respuesta a nuestra propuesta de retorno sea integral por parte de la institucionalidad.” Fueron las palabras del Gobernador Indígena de la comunidad, Guimer Quiró, en comunicado emitido el 18 de diciembre. Ver comunicado completo en (Pulse aquí)

El Resguardo indígena Santa Rosa de Guayacán se encuentra ubicado en la Cuenca del Bajo Calima (municipio de Buenaventura), y cuenta con 236 hectáreas, las cuales fueron tituladas colectivamente por el INCORA en 1989 a las 35 familias que para ese momento integraban la comunidad. Sin embargo, la falta de atención estatal y la presencia histórica de actores armados al margen de la ley en esta zona ha impedido que la comunidad pueda disfrutar con plenitud de su derecho al territorio.

La disputa armada por el control territorial del corredor Bajo Calima-San Juan que conecta el departamento del Valle del Cauca con el Chocó, ha obligado a esta comunidad a desplazarse del Resguardo en cuatro ocasiones, en los años 2004, 2010, 2017 y más recientemente en el 2021.  La sistematicidad de estos hechos ha sometido a la comunidad a una situación de extrema vulnerabilidad que pone en riesgo su pervivencia física y cultural, como ha sido reconocido en múltiples actos judiciales, nacionales e internacionales.

Entre ellos las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) el 3 de junio de 2011, cuando se dio el segundo desplazamiento, por la incursión del grupo armado ilegal denominado Los Rastrojos en el territorio del Resguardo. Durante los 13 meses que la comunidad permaneció desplazada en Buenaventura, no recibió atención humanitaria de forma consistente y efectiva, a pesar de contar con un fallo de tutela a su favor. Esta situación habría repercutido en la muerte por tuberculosis de dos niños Wounaan. Razón por la cual, la comunidad, con acompañamiento de la Comisión Inter eclesial de Justicia y Paz, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, quien tutelando a la comunidad instó al Estado de Colombia a

“adoptar medidas necesarias, consensuadas con los beneficiarios, para garantizar la vida y la integridad física de las 21 familias de la comunidad Nonan del pueblo indígena Wounaan, para brindar asistencia humanitaria y atención médica a los beneficiarios en situación de desplazamiento, y para garantizar su retorno al Resguardo Indígena de Santa Rosa de Guayacán en condiciones de dignidad y seguridad” (MC 355/10).

Pese a ello, los Wounaan retornaron al territorio el 30 de agosto de 2011, sin ningún tipo de acompañamiento estatal y fueron forzados a desplazarse en dos ocasiones más, ante las persistentes condiciones de desprotección.

Con la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo -FARC-EP- de sus zonas de dominio, luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el Frente de Guerra Occidental del ELN logró una de sus mayores expansiones en el Chocó. Lo que desató una guerra sin cuartel con las AGC por el dominio territorial de las rutas fluviales del San Juan y el Calima. Debido a los constantes enfrentamientos entre estos dos actores, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, las comunidades indígenas Wounaan del Resguardo Santa Rosa de Guayacán, el Cabildo Valledupar, y las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima (San Isidro, Ceibito, La esperanza, El Guadal y La Colonia), se desplazaron en masa hacia la zona urbana de Buenaventura y Cali. La situación fue tan critica que se estima que alrededor del 50% de la población de esta subregión se vio afectada por este evento de desplazamiento forzado.

Una vez en Buenaventura, los cientos de familias desplazadas fueron albergadas por la Alcaldía distrital en espacios que no cuentan con las condiciones para garantizar el derecho de las víctimas a la subsistencia mínima. En general, son albergues improvisados que carecen de los insumos básicos para el alojamiento de personas, como agua potable, alimentos, colchonetas, artículos de aseo, medicamentos, utensilios de cocina, entre otros. Pese a que la Unidad para las Víctimas determinó que la atención humanitaria inmediata en los albergues se debía brindar por tres meses, las comunidades ya cumplen dos años sin poder regresar a sus territorios de origen debido a los altos niveles de conflictividad y control territorial que aún persisten.

         Fotografía propiedad del Resguardo indígena Santa Rosa de Guayacán.

La esperanza

En el caso de la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, esta llegó el 25 de noviembre de 2021 a Buenaventura en estado de total indefensión, y fue ubicada en la sede del Centro de Atención Integral para la Juventud  -CAIJU-. Pero ante la precariedad del alojamiento y la falta de una asistencia humanitaria integral y digna por parte de las instituciones, la comunidad se vio en la necesidad de recurrir al apoyo de ONGS de derechos humanos y de la Iglesia Católica. Esta última acondicionaría el Albergue Arcesio Paz Paz de la Arquidiócesis de Cali, ubicado en el municipio vecino de Dagua, para recibirlos. Sitio que fue la casa de los Wounaan Nonam durante estos dos largos años de desarraigo.

Pero como en medio del dolor surge la esperanza del porvenir, la solidaridad y unidad entre las comunidades desplazadas dio lugar a la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura. Plataforma organizativa que articula a las organizaciones étnicas victimizadas y que ha liderado el proceso de denuncia y exigencia en torno a la situación de emergencia humanitaria que vive el Bajo Calima y el San Juan, ante los diferentes niveles de la institucionalidad estatal e instancias nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos. Uno de los principales frentes de trabajo de la Juntanza ha sido la construcción de una propuesta de Eje Humanitario Interétnico, enmarcada en los principios de protección integral y salvaguarda de la vida, que les permita restablecer su derecho al territorio y a una vida digna y en paz. Proposición que tuvo eco en el alto gobierno y que ha servido de norte para los mentados alivios humanitarios. 

Aunque se esperaba que las medidas y recomendaciones realizadas por la Comisión humanitaria de la Mesa de Diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional para la implementación de la atención de emergencia y los alivios humanitarios—producto de la Caravana Humanitaria que recorrió el Bajo Calima y San Juan en febrero de 2023—dieran prontos resultados en beneficio de las comunidades, la burocracia estatal y la dinámica misma de la negociación impidieron el avance del proceso. Fueron meses de intensas reuniones de trabajo, que parecían no llevar hacia ningún lado. Máxime si se tiene en cuenta que durante el año en curso se presentaron tres paros armados que amenazaron gravemente la integridad de las comunidades que permanecían confinadas y repercutieron en la confianza de aquellas que pretendían retornar.

                 Visita de la Caravana Humanitaria al Albergue Arcesio Paz Paz. Foto equipo de comunicaciones CRPC.

Sin embargo, gracias a la presión comunitaria y al buen juicio de las partes, el cuarto ciclo de la Mesa en Caracas, Venezuela, daría como resultado la creación de tres zonas humanitarias en el Bajo Calima y San Juan, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Allí, dice el comunicado conjunto “se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en el proceso de paz y proyectos de desarrollo social, que contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación”.

La creación de esta zona critica humanitaria, anunciada por el exjefe Negociador de la Mesa Otty Patiño, en septiembre de 2023, en la comunidad de La Colonia-Bajo Calima, dio lugar a una serie de “concertaciones dialógicas, consultivas y participativas” entre las comunidades y los diferentes niveles de gobierno que buscaba construir de manera conjunta el plan de trabajo para el regreso de las comunidades a su territorio ancestral. Para el caso de la concertación con la comunidad de Guayacán, la comunidad presentó su propuesta de retorno, y un documento de medidas mínimas que se debían implementar para viabilizarla. Igualmente apeló al incumplimiento de la Sentencia Nro. R-001 del 13 de febrero/2023, que protege el derecho fundamental a la restitución de derechos territoriales étnicos en favor de la comunidad y ordena garantizar su retorno y acceso al territorio en un plazo máximo de un mes.

Amparada en la sentencia y en la resolución del Consejo Transicional de Justicia de Buenaventura sobre la viabilidad del retorno, la institucionalidad se comprometió a brindar las garantías para el desarrollo de unas fases de alistamiento para el retorno que tuvieron por objetivo la verificación de las condiciones de seguridad, la limpieza espiritual y física del territorio, la reparación de las viviendas y lugares comunitarios abandonados y la siembra de alimentos para los meses venideros al retorno; así como a ofrecer la protección y la asistencia integral y diferencial necesaria para asegurar la permanencia de la comunidad en el territorio y la no repetición del desplazamiento.

Fue así como entre octubre y noviembre se realizaron dos fases de alistamiento que, en palabras, de la comunidad “fueron muy importantes porque ganamos confianza, contamos con el decidido apoyo del anterior Comisionado de Paz Danilo Rueda quien manifestó su compromiso con nuestra propuesta de retorno y la declaración de nuestro Resguardo Humanitario y Biodiverso como un ecosistema para la Paz.” Esto permitió que el 20 de diciembre, después de varias dilaciones, la comunidad por fin pudiera volver al territorio del que nunca debieron salir.

                  Fotografía propiedad del Resguardo indígena Santa Rosa de Guayacán.

Como lo ha manifestado Guimer Quiró, líder de la comunidad en reciente entrevista realizada el 20 de diciembre del presente año, “con este retorno, nosotros esperamos, primero, que los grupos armados tengan respeto por la comunidad, por nuestras mujeres, niños y jóvenes. Segundo, que tengamos el acompañamiento de las instituciones competentes, pedimos que haya una vigilancia permanente.  Si bien contamos con la Guardia indígena, se requiere el apoyo de la Defensoría y la Personería. También pedimos el apoyo de la comunidad internacional para tener una verificación del proceso de retorno”. Este llamado de la comunidad debe convertirse en un compromiso inquebrantable para el Gobierno nacional, quien carga con la responsabilidad no solo de garantizar la restitución de derechos de la comunidad Wounaan, sino de velar porque este proceso de retorno abra la puerta para las otras 6 comunidades del Calima y el San Juan que siguen en los albergues de Buenaventura esperando volver a su territorio o ser reubicadas permanentemente, y ven con esperanza el retorno de Guayacán.

Sin duda, el mayor desafío para la sostenibilidad de este proceso de retorno es la presencia de otros actores armados al margen de la ley en el territorio, como lo son las AGC y las disidencias de las FARC. Si bien este Gobierno ha avanzado en los diálogos con dichos grupos armados, y se han adelantado ceses al fuego bilateral con algunos de ellos, lo cierto es que en los territorios no ha parado la crisis humanitaria y con ella la desconfianza y escepticismo no sólo en los alivios humanitarios, sino también en la estrategia de paz total del gobierno de Petro.

Por eso, desde la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano hacemos un llamado a la Mesa de diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional a continuar dando pasos decididos en la implementación de los Alivios Humanitarios del Bajo Calima y el San Juan—como proceso piloto que se espera replicar en las otras dos zonas críticas humanitarias declaradas—siempre desde el reconocimiento y respeto a la autonomía y voluntariedad de las organizaciones étnico-territoriales. E insistimos en que el mayor alivio humanitario es que el cese al fuego bilateral trascienda a un cese multilateral o Acuerdo Humanitario Global Territorial.