Buenaventura, un rincón mágico en el corazón del Pacífico colombiano, ha enfrentado durante décadas a la adversidad y la violencia. En este contexto, se convirtió en bastión de resiliencia y resistencia, donde las comunidades, encabezadas por la Juntanza Interétnica y Popular de Buenaventura y el Consejo Comunitario del San Juan -ACADESAN, luchan por un futuro mejor. Hoy nos encontramos aquí para rechazar el asesinato de Gustavo Adolfo Ortiz Murillo, y expresar nuestra profunda preocupación por las desapariciones de Edinson Valencia y Abencio Caicedo, así como la retención ilegal de Geiler Andrés Lizalda y Alexis Chocho, durante el mes de agosto. Es hora de que el Gobierno Nacional y la comunidad internacional preste especial atención a la crisis humanitaria en la zona y se una en solidaridad para proteger a estas comunidades y respaldar el mandato del Pacto por la Vida y por la Paz.

La violencia en Buenaventura ha dejado cicatrices profundas en sus habitantes. Durante años, estas comunidades han luchado contra la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y los combos urbanos como Shottas y Espartanos, consecuencia de la falta de atención gubernamental. La Juntanza Interétnica y Popular de Buenaventura y ACADESAN, han sido faros de esperanza, liderando esfuerzos para alcanzar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en la región. Sin embargo, esta labor valiente también ha atraído amenazas y ataques que ponen en peligro la vida de los liderazgos y a los integrantes de estas organizaciones.

 Asamblea de la Juntanza Interétnica y Popular de Buenaventura

Para María Eugenia Mosquera Riascos, lideresa de la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL, Gustavo Adolfo era un líder juvenil que velaba por los derechos de los jóvenes, “buscando una vida digna para las personas de Buenaventura… Rechazamos el asesinato de este joven, porque apaga la luz de una persona cuyo sueño era tener una vida digna. Hacemos un llamado para que la verdad de estos hechos se esclarezca y a que frenen los asesinatos en Buenaventura”.

El asesinato de Gustavo Adolfo Ortiz Murillo nos recuerda la urgente necesidad de poner fin a la violencia en Buenaventura. Cada vida perdida es un golpe a la esperanza y un llamado a la acción. Las desapariciones de Edinson y Abencio, pertenecientes a la cuenca del río Yurumanguí, junto con la retención de Geiler Andrés y Alexis, son actos que atentan contra los derechos humanos más fundamentales. Debemos condenar estos actos de violencia y el esclarecimiento de las desapariciones.

El Pacto por la Vida y por la Paz es una hoja de ruta impulsada por la sociedad civil y la iglesia Católica desde el Pacífico y el Suroccidente colombiano, para garantizar la protección de las comunidades de la región. Exhortamos al Gobierno colombiano a que respalde este mandato, trabajando de la mano y reconociendo la autoridad territorial de las comunidades para lograr la paz sostenible. La implementación del corredor humanitario en el Bajo Calima y San Juan es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en estas zonas.

En momentos como estos, es crucial que la comunidad internacional se una en solidaridad con las comunidades del Pacífico medio y Buenaventura. Debemos presionar para que se respeten los derechos humanos y se garantice la seguridad de quienes luchan por la paz y la justicia en esta región. Los ojos del mundo deben estar puestos en los territorios donde impera la violencia, multiplicando los esfuerzos humanitarios.

Proteger a las comunidades de Buenaventura y el sur del Chocó afectadas por la violencia es una responsabilidad compartida. En este momento crítico, rechazamos la violencia, exigimos justicia y hacemos un llamado a la solidaridad internacional. La paz en Buenaventura y el Pacífico medio es esencial para el futuro de Colombia.