Por: iliana Gutierrez – Cooperante local comunicaciones AGIAMONDO – CRPC
“Si van a ver unos procesos de paz, que primero escuchen a las víctimas que han venido sufriendo los hechos… Nosotros somos los que debemos estar en esa Mesa de diálogo o las personas que nosotras dispongamos que van a defender esos derechos y ese sufrimiento…” Gloria Amparo Murillo, lideresa del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN).
Los ojos, oídos y corazones de las comunidades visitadas durante el 18 y 22 de enero, con la Caravana humanitaria, estuvieron al tanto de todos los movimientos de las personas que llegaron a sus territorios. Las palabras de estos “extraños” se convirtieron en nuevas esperanzas, algo que poco a poco se había ido perdiendo por las difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades del Pacífico colombiano, en este caso, los de la micro región del Bajo Calima y Medio San Juan, algunos de ellos llevan en la zona más de un año.
Ganar confianza no sólo es un compromiso por parte del que hace las promesas, también es una gran responsabilidad, ya que quienes esperan son mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas que hace mucho tiempo dejaron de saber lo que era tener comida diaria, salir al campo a trabajar y disfrutar de una casa con sus seres queridos sin miedo a que alguien sea asesinado o desaparecido.
Rio Calima visto desde el cabildo Santa Rosa de Guayacán. Foto: David Ramírez – CRPC
La Caravana humanitaria fue planteada por la Comisión humanitaria de la Mesa de diálogo entre el Gobierno de Colombia y Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la finalidad de realizar un diagnóstico inicial sobre la situación del Bajo Calima y el Medio San Juan, donde se harán los pilotos de alivios humanitarios acordados en este proceso. Durante tres días, recorrieron los albergues de las poblaciones desplazadas en Dagua y Buenaventura, y se escucharon a las comunidades del Consejo comunitario del Bajo Calima, en Zona Rural de Buenaventura, como también a las de Copomá, Panamacito, Pángala, Docordó y Palestina en los municipios de Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan del Chocó.
Estas comunidades han sufrido el desplazamiento masivo, el confinamiento y el temor diario de perder a sus seres queridos, y hasta su propia vida, desde que empezaron a huir de los incesantes enfrentamientos entre los grupos armados de la zona, algunos hace seis meses, un año y otros que llevan más de diez años. Sin embargo, donde actualmente se encuentran, continúan con las mismas sensaciones y solo esperan que las condiciones cambien con los resultados de la Mesa de diálogo; no obstante, solo será posible si sus voces son escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones, ya que son ellos los que están en los territorios y permanecen resistiendo allí junto a sus familias.
Alivios cercanos
Hace más de un año, el Cabildo indígena Valledupar en Buenaventura ha estado en situación de desplazamiento, exactamente desde el primero de febrero del año 2021, “nos encontramos ubicados en el Instituto Aldea Matías Malumba[1], desde que nos desplazaron”, comenta Luis Antonio Piraza, autoridad tradicional de este cabildo del Pueblo Wounaan. Su historia, como muchas, hace parte de un centenar de situaciones críticas que deben ser atendidas de inmediato durante la realización de los diálogos.
Luis Antonio, expresa con angustia que el tiempo para su comunidad en el Instituto ha finalizado y serán desalojados, ya que requieren seguir utilizando el lugar para lo que fue creado inicialmente. Sin embargo, es importante señalar que la administración municipal de Buenaventura había asumido el compromiso de pagar este alquiler. “No hemos tenido respuesta de la Alcaldía ni de nadie, para saber a dónde debemos reubicarnos, esperamos la ayuda de los gestores de paz y del Gobierno nacional para solucionar esto”, manifiesta Luis Antonio quien como autoridad tradicional indígena debe atender a su pueblo y expone que necesita una respuesta inmediata ya que para el Cabildo indígena Valledupar, “el alivio humanitario es solucionar los problemas más cercanos que, en este caso, sería nuestra ubicación o pagar el arriendo del Instituto por parte de la Alcaldía”, afirma.
Las comunidades de los departamentos del Valle del Cauca y del Chocó que harán parte de los alivios humanitarios, gozaban de sus territorios, tenían sus casas y trabajaban en el campo, pero con las dinámicas de violencia armada empezaron los confinamientos y el desplazamiento forzado. “Nos tienen en un estado invivible, no podemos salir al campo a buscar el pancoger, ni cazar como antes se hacía, la violencia nos ha truncado todo”, comenta Efrén Díaz Bustamante de la comunidad de Palestina e integrante de ACADESAN.
Asamblea del consejo comunitario bajo Calima, comunidad de Palestina. Foto: David Ramírez – CRPC
La situación de derechos humanos en el litoral del Pacífico ha sido una lucha histórica por parte de los pueblos ancestrales que lo habitan; por tal razón, la Caravana humanitaria permitió que las comunidades fueran visitadas, escuchadas y acompañadas desde la zona donde se encuentran. También, que la Mesa de diálogo pudiera conocer desde cerca en qué circunstancias están sobreviviendo.
“Es una estrategia muy importante y positiva desde el acompañamiento a las comunidades en su territorio, esto es fundamental porque se sienten respaldados. Celebro que se haya realizado en esta región que ha sido tan golpeada” manifestó Cleider Andrés Palacios Salcedo, Personero municipal de Litoral del San Juan.
Es importante recalcar que si bien la Caravana es un primer acuerdo materializado entre el Gobierno nacional y el ELN, para el recorrido de este largo camino hacia la paz territorial, hay otros actores armados que también se espera se sumen al proceso, “de nada nos sirve seguir un diálogo con un solo actor armado si los demás siguen afectándonos, desplazándonos, confinándonos, secuestrándonos, asesinándonos”, expone Elizabeth Moreno, representante legal de ACADESAN. La lideresa expresa que las comunidades no solo necesitan alivios humanitarios, esperan la implementación total y la materialización de las propuestas que han realizado. “Soñamos con la reivindicación del Estado con las comunidades frente a sus derechos violados de diferentes maneras”, concluye Elizabeth.
“Siembra y tu verás”
En medio de todo, la re existencia de estas comunidades abatidas por la violencia armada se aferra a la tierra y a sus arraigos y empiezan a construir nuevos lazos y maneras de seguir adelante. Una de ellas es el empoderamiento de las mujeres del Consejo Comunitario de Cabeceras, quienes crearon una iniciativa productiva generada por la ausencia de un servicio de salud cercano, y con los conocimientos adquiridos en medicina tradicional, empezaron a elaborar cremas y remedios caseros para menguar el dolor de muchas de las personas que se enfermaban dentro la comunidad.
Efrén Díaz Bustamante comenta que en Palestina estaba el único Centro de salud público del litoral del San Juan donde se beneficiaban población del Valle del Cauca, medio San Juan e Istmina, dice que “por una cuestión política la atención se centró en Docordó en unos centros privados, donde la población se debe trasladar de Palestina a dicho municipio, y allá le dan una remisión para llevarlos a Buenaventura. “Así hacen el paseo de la muerte porque en esos traslados la gente se muere”, afirma Efrén.
“Esperamos que esta Caravana sea el camino de la paz y la tranquilidad para las mujeres y que los emprendimientos que se han generado, como el de los remedios tradicionales hechos por nosotras, sea apoyado ya que genera empleo, sirve como sustento para nuestras familias y es una ayuda para la comunidad porque acceso a la salud no se tiene”, comenta Angie Michelly Pretel Mosquera, secretaria del Consejo Comunitario de Cabeceras y docente de la comunidad.
Angie Michelle Pretelt Mosquera, secretaria del Consejo Comunitario de Cabeceras, Litoral del San Juan. Foto: David Ramírez – CRPC
Otra propuesta que cuenta Elmer Pozo Bonilla, rector de la Institución educativa San Pedro Claver ubicada en Cabeceras, es la creación de la Universidad de la paz, una idea que esperan se materialice y que surge por la falta de sedes de educación superior, una infraestructura asentada o un campus universitario en esta zona olvidada del país.
La propuesta pretende confluir a población afro, indígena, desplazada, víctimas, retornados, entre otros, en un mismo espacio de aprendizaje basado en temas del territorio y con la proyección de que los egresados se queden para aportarle a la región y para contribuir a su buen vivir, “es la esperanza y el sueño para muchas personas que en este rio necesitan no salir del territorio para formarse… sería como un oasis de paz en medio de la selva” expresa Elmer Pozo.
Los derechos fundamentales de las comunidades de la micro región del Bajo Calima y Medio San Juan están siendo vulnerados y la Caravana fue una ventana para evidenciar al país dicha situación; por ello las autoridades étnicas y los liderazgos de los procesos organizativos del territorio confían en este proceso, siempre y cuando sus propuestas sean tenidas en cuenta en la Mesa de diálogo y que así mismo puedan ver en los alivios planteamientos concretos que puedan ser llevados a la realidad. Por ello, la efectividad de los alivios humanitarios depende de la capacidad de diálogo que tengan las partes en la Mesa, con las comunidades y los otros actores armados en el territorio.
[1] En la década de los años setenta en la zona rural del litoral pacífico, especialmente en Buenaventura y el Chocó, fue creado un movimiento campesino acompañado por la Iglesia católica, su principal representante en el Distrito fue Monseñor Gerardo Valencia Canó, quien fundó la Pastoral Afro y el Instituto Matías Malumba; para fomentar la formación en saberes que protegiera las necesidades en las comunidades promoviendo su autosuficiencia.
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