Por: Natalia García – Yesid Idrobo
“Buenaventura es un territorio lleno de paradojas, la mayoría de ellas visiblemente crueles para sus habitantes: por un lado, posee una gran riqueza ambiental, étnica y cultural, lugar de unos de los proyectos económicos más importantes del país: El Puerto. Por otro lado, presenta de forma histórica un escenario de exclusión social, abandono y corrupción que ha sumido a sus habitantes en una profunda pobreza y desigualdad”.
Hasta el momento, en pleno siglo XXI, y en el marco de un Estado Social de Derecho y democrático, el Estado colombiano sigue sin garantizar a la ciudadanía bonaverense los derechos humanos más básicos como la vida, la salud, educación, el trabajo o el acceso al agua. Las cifras son claras, a 2021 Buenaventura registró un nivel de pobreza escandaloso que se extiende a más del 66% de su población, en su mayoría comunidad afrodescendiente. (Departamento Nacional de Planeación, [DNP], s.f.)
Sin embargo, una de las situaciones que más preocupa a los habitantes del Distrito tiene que ver con el derecho al agua. Y es que siendo Buenaventura uno de los municipios con mayor riqueza hidrográfica del país –con 11 cuencas que dan vida a 7 grandes ríos y un centenar de quebradas– la mayoría de sus habitantes carecen de acceso permanente al agua potable y saneamiento básico.
La situación es tan grave que, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP, s.f.), la cobertura de acueducto y alcantarillado en el Distrito no supera el 73%, lo que quiere decir que el 27% del total de los hogares no cuentan con posibilidad alguna de acceder al líquido vital ni a un sistema que les permita eliminar de manera segura las aguas negras y residuales de las viviendas, mientras que un 71% solo pude acceder al agua cada día por medio en un lapso de seis horas (Huffington, 16 de julio de 2020), aunque también hay personas que pasan meses sin agua.
Por su parte, la poca agua que llega a los hogares no es apta para el consumo humano. Los análisis demuestran presencia de microorganismos (coliformes fecales) provenientes de la superposición de acueducto y alcantarillado en muchas zonas donde la infraestructura se encuentra gravemente deteriorada.
Aunque la falta de acceso al agua potable siempre ha sido una constante en el municipio, la situación ha empeorado desde el 2002, año en el que la empresa Hidropacífico S.A E.S.P tomó la administración del acueducto. A pesar de que en ese momento la empresa se comprometió a mejorar la cobertura y el acceso al agua –en ese momento el agua llegaba a los hogares 12 horas diarias– lo cierto es que han pasado 19 años y Buenaventura sigue igual que hace cincuenta años, rogando al cielo que llueva y que la sequía no arribe.
Precisamente esta falta de garantía del derecho al agua hizo que el 16 de mayo del 2017 y durante 22 días, la comunidad se volcara a las calles para exigir el acceso al líquido vital, asunto que terminó desembocando en una histórica movilización conocida como el Paro Cívico de Buenaventura, un escenario que sirvió no sólo para visibilizar a nivel regional y nacional la situación precaria del servicio de acueducto y alcantarillado, identificando las causas y los responsables, sino también para lograr acuerdos y compromisos por parte del Estado para resolver definitivamente el problema del agua en el Distrito.
Y es que el acceso al agua potable, que no es un servicio sino un derecho humano básico que tienen todas las personas por el simple hecho de existir tiene múltiples causas, dos de ellas fundamentales: el abandono estatal y la corrupción. A diferencia de otros municipios del país –la mayoría de ellos de sexto nivel–, donde no se logra garantizar el acceso al agua potable, la cuestión de recursos económicos no es el principal problema.
Lo que indica que el problema no está relacionado con recursos económicos es que Buenaventura se encuentra entre los municipios con más alto nivel de capacidades iniciales, debido a los recursos tributarios que tiene el gobierno local y a las condiciones del municipio para la gestión y provisión de bienes y servicios (DNP, 2020). Además, Buenaventura fue catalogado como “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico”, lo que le permite manejar mayores recursos: “Los Distritos Especiales como entidad territorial, cuentan con esquemas de administración y financiación que permiten una mayor eficiencia en el cumplimiento de metas, programas y proyectos, dado su calificación como “municipio especial”. (Medellín, 28 de junio de 2018). Al mismo tiempo, tiene en su territorio uno de los proyectos económicos más importantes y exitosos del país: el Puerto, por el cual transita el 42% del comercio exterior y que deja más de 2.000 millones de dólares anuales a sus dueños (Ruiz, 17 de marzo de 2020) así como excelentes resultados tributarios a la nación.
Sin embargo, nada de esto se refleja en el desarrollo humano y social del municipio, ni ha logrado que la población cuente con una red eficiente de agua potable y alcantarillado. Desde el 2001 Buenaventura ha destinado más de 100.000 millones de pesos desde diferentes fuentes nacionales y locales para el mejoramiento del servicio, pero todo sigue igual (Espinoza, 4 de junio de 2020). Esto se debe en parte porque como dice el adagio popular “acá la plata siempre se ha perdido” y porque “los recursos invertidos, no fueron planeados, ni su programación ha respondido de manera adecuada a la diversidad cultural ni a la capacidad de pago de los diferentes grupos de pobladores de Buenaventura” (Arboleda, s.f.).
Así que recursos sí se han invertido, pero en su gran mayoría han sido robados o mal invertidos. Prueba de esta desastrosa gestión son las obras inconclusas y/o defectuosas que se han construido en los últimos años, así como una escandalosa deuda de más de $43.000 millones de pesos por cuenta de los créditos provenientes del Plan Carrasquilla conocidos como ‘bonos del agua” o “bonos Carrasquilla”, una deuda que se adquirió para lo que se suponía iba a ser la adecuación del acueducto y alcantarillado del municipio. De este crédito ya no hay ni un peso, nunca se vieron las mejoras, pero la deuda sí que existe y los bonaverenses la tendrán que seguir pagando hasta el 2029.
En el Puerto, solo se podrá hablar de “desarrollo” el día en que sus habitantes tengan garantizada una vida digna y se les respete los derechos humanos, lo cual pasa necesariamente por brindar un servicio de agua potable y saneamiento en las mejores condiciones, atendiendo a su diversidad cultural y a las tipologías de vivienda en las que habitan las comunidades.
Está claro, además, que quien debe asumir la responsabilidad de que esto suceda es el Estado, no las empresas operadoras, desarrollando políticas reales centradas en la dignidad de la persona, garantizando el mínimo vital al agua no como un servicio sino como un derecho, pero además controlando y exigiendo corresponsabilidad a las grandes empresas. Se está a destiempo de cumplir la demanda de agua 24/7 que con razón y dignidad pide el Comité del Paro Cívico.
Referencias:
Espinoza, J. (4 de julio de 2020). El agua en Buenaventura, solo hasta 2024. Caracol Radio.
Arboleda, L.(s.f.). Buenaventura, sin agua potable, no prospera. Portafolio.
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